RPT-ANÁLISIS-La demanda de Nippon Steel contra Biden podría ganar tiempo para mantener vivo el acuerdo con U.S. Steel

Repite la historia publicada por primera vez el lunes.

Por Alexandra Alper

WASHINGTON, 7 ene (Reuters) - Es poco probable que Nippon Steel 5401.T y U.S. Steel X.N convenzan a un tribunal para que deseche la decisión del presidente Joe Biden (link) de bloquear su fusión de 14.900 millones de dólares, pero su demanda podría darles más tiempo para llegar a un acuerdo con el presidente entrante Donald Trump (link).

Las empresas argumentaron en una demanda anunciada el lunes (link) que Biden violó la Constitución al bloquear la fusión mediante una falsa revisión de la seguridad nacional que privó a las empresas de su derecho a un proceso justo.

Demandar al Gobierno será "una batalla cuesta arriba", dijo Nick Klein, abogado especializado en seguridad nacional de DLA Piper, señalando que los tribunales suelen ser muy deferentes con el poder ejecutivo en cuestiones de seguridad nacional.

No obstante, "la demanda les dará más tiempo para negociar con la nueva administración o encontrar alternativas que sean aceptables", añadió Klein.

Nippon Steel declinó hacer comentarios. U.S. Steel no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Los comentarios muestran que, si bien la demanda en sí puede estar condenada al fracaso, podría dar al acuerdo una nueva oportunidad de vida, si las empresas pueden convencer a Trump de que dé marcha atrás en su oposición.

"Estoy totalmente en contra de que la otrora grande y poderosa U.S. Steel sea comprada por una empresa extranjera, en este caso Nippon Steel de Japón", escribió en su plataforma de redes sociales Truth Social el mes pasado.

"Bloquearé este acuerdo. Cuidado con el comprador"

Pero algunos abogados ven un resquicio. Trump "tiene un historial de cambiar de opinión", dijo Joshua Gruenspecht, un abogado de seguridad nacional de Wilson Sonsini, que también ve la demanda como una jugada para ganar más tiempo.

TREINTA DÍAS

La orden firmada por Biden el viernes concede a las empresas 30 días para deshacer su transacción. Aunque las empresas no piden explícitamente a los tribunales que suspendan la orden, afirman en una copia de la demanda compartida con Reuters que tienen la intención de preguntar al Gobierno si tiene previsto aplicar el requisito de los 30 días.

En caso afirmativo, las empresas podrían solicitar una "reparación preliminar". Mientras tanto, el acuerdo de fusión incluye una fecha límite del 18 de junio para obtener las aprobaciones regulatorias y completar la fusión.

GARANTÍAS PROCESALES

Las empresas alegan que la revisión de la seguridad nacional llevada a cabo por el Comité de Inversiones Extranjeras en EE.UU., que examina las inversiones extranjeras en busca de amenazas para la seguridad nacional, se vio influida injustamente por Biden, que se opuso al acuerdo en marzo, antes de que comenzara la revisión.

Su oposición al acuerdo, alegan, tenía por objeto ganarse el favor del presidente de United Steelworkers, David McCall, cuyo apoyo esperaba que le ayudara a ganar el estado indeciso de Pensilvania en las elecciones presidenciales de noviembre. U.S. Steel tiene allí su sede. Posteriormente, Biden fue sustituido en la candidatura por la vicepresidenta Kamala Harris, que también se oponía al acuerdo y contaba con el respaldo del USW.

La Casa Blanca y el USW rechazan las acusaciones. Pero las empresas afirman que esos hechos equivalen a una violación por parte del CFIUS y de Biden de sus derechos al debido proceso en virtud de la Constitución, así como del estatuto del CFIUS, por prejuzgar el caso y no basar la decisión en verdaderos riesgos para la seguridad nacional.

El presidente, a través del comité, "revisará (el acuerdo) para determinar los efectos de la transacción en la seguridad nacional de Estados Unidos", establece el estatuto.

Pero el hecho de que el estatuto del CFIUS prohíba explícitamente a los tribunales revisar las decisiones presidenciales, unido al alto grado de deferencia de los tribunales en las decisiones sobre seguridad nacional, significa que las empresas están en una situación difícil, según Tatiana Sullivan, ex funcionaria del CFIUS en el Pentágono y abogada de seguridad nacional en Skadden Arps.

Sin embargo, señaló que los argumentos de las empresas de que "las acciones del Presidente y los comentarios públicos corrompieron el proceso CFIUS y por lo tanto crearon violaciones del debido proceso son reclamaciones novedosas para que los tribunales las consideren."

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