Tras la victoria de Trump, Wall Street ha expresado mucho optimismo. Sin embargo, el sistema bancario estadounidense es complicado debido a que varias organizaciones federales y estatales supervisan instituciones financieras con jurisdicciones superpuestas e intereses opuestos. La próxima administración Trump puede solucionar algunos de estos problemas.
Aparentemente, esta estructura fragmentada fue diseñada inicialmente para mejorar la gobernanza, lo que con frecuencia resultó en ineficiencias, demoras e inconsistencias en la aplicación.
En Estados Unidos, casi el 70% de los bancos comerciales, como First Republic y SVB, están sujetos a un sistema regulatorio dual. Esta es la supervisión alternativa de los reguladores estatales y federales. Varios reguladores federales, incluida la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y la Oficina del Contralor de la Moneda, también regulan ciertas instituciones.
El sistema regulatorio es más reactivo que proactivo. Esto ha quedado evidenciado por las quiebras del Silicon Valley Bank y del First Republic Bank. Los reguladores transfirieron responsabilidades y actuaron demasiado tarde.
A medida que la nueva administración inicia un nuevo amanecer de oportunidades, es hora de investigar más a fondo si este marco de múltiples reguladores realmente promueve la estabilidad o sofoca la innovación, la capacidad de respuesta y la rendición de cuentas.
Wall Street y Silicon Valley eligieron a Donald Trump porque odiaban la economía de Biden y Trump era su hombre.
El Dow ha caído 1.500 puntos desde el día de las elecciones.
Qué gran cagada. pic.twitter.com/uLcE8beH8x
- LadyGrey 🇦🇲🇺🇦🇺🇸 (@TWLadyGrey) 10 de enero de 2025
Mientras tanto, los mercados han estado experimentando una caída a medida que ciertas personas señalan a Trump. Aún así, un gran porcentaje de personas cree que habrá una diferencia después del 20 de enero.
Los partidarios de este sistema dicen que aumenta la resiliencia al brindar diversas perspectivas y disminuye la influencia política al otorgar a los bancos cierto control sobre su regulador principal. Sin embargo, esta estructura tiene desventajas obvias: aplicación inconsistente, arbitraje regulatorio y demoras en abordar los peligros en desarrollo. ¿Qué es más importante?
Es difícil racionalizar el sistema regulatorio. Esto se debe a que cualquier regulación importante sobre consolidación deberá ser aprobada por el Congreso. Este es un problema que ha impedido cambios mayores en el pasado.
Un ejemplo de ello es la pérdida de Washington Mutual (WaMu) en 2008. Fue la mayor quiebra bancaria en la historia de Estados Unidos. Una investigación del Congreso encontró que los problemas de supervisión entre la FDIC y la Oficina de Supervisión de Ahorros empeoraron los problemas de WaMu. Debido a la mala coordinación, no pudieron actuar con rapidez, lo que provocó que las debilidades crecieran.
La Oficina de Supervisión de Ahorro fue eliminada como parte de las reformas Dodd-Frank después de la crisis financiera. Esto fue en respuesta al fracaso de WaMu. Sin embargo, hubo una tron oposición política a nuevos intentos de combinar bancos. De la misma manera, quizá tampoco sea posible deshacerse del tradicional sistema dual de gobierno bancario federal y estatal.
Dejemos el pasado y miremos los acontecimientos recientes. En el caso de SVB, no se abordaron las primeras señales de alerta, como la concentración de su base de depositantes y las pérdidas de su cartera de bonos. Los reguladores no lograron hacer cumplir las normas o sus esfuerzos se vieron diluidos por la superposición de autoridades.
Las investigaciones han demostrado que estas inconsistencias presentan oportunidades para el arbitraje regulatorio, en el que los bancos explotan las disparidades para involucrarse en prácticas más riesgosas.
Además, estas cuestiones no se limitan únicamente a los bancos. También han afectado al sector fintech en desarrollo. Los conflictos jurisdiccionales han impedido el desarrollo de marcos regulatorios sólidos. Esto ocurre entre reguladores, estatales versus federales, o incluso entre agencias federales, aunque las empresas no bancarias y de tecnología financiera están impulsando la innovación en pagos y préstamos.
Hay una serie de medidas adicionales que la administración Trump puede implementar para reducir la duplicación innecesaria y mejorar la coordinación. Se recomienda que los órganos reguladores consoliden sus responsabilidades de supervisión.
Además, deberían resolver las ineficiencias entre los reguladores federales y estatales e implementar herramientas como un cuadro de mando de desempeño para evaluar a los reguladores. La doble supervisión de los bancos nacionales por parte de la OCC y la FDIC, que realizan exámenes separados de las mismas instituciones, es un claro ejemplo de superposición regulatoria.
Además, es crucial garantizar que los incentivos regulatorios estén alineados. Esto es para garantizar que las agencias prioricen la estabilidad financiera y una supervisión sólida sobre los intereses burocráticos.
Además, es hora de cuestionar la noción de que una mayor regulación equivale a una mayor seguridad. Los gastos de cumplimiento han aumentado en casi 50 mil millones de dólares anuales para las instituciones financieras desde 2008, y la sobrerregulación impone costos sustanciales que afectan desproporcionadamente a los bancos más pequeños.
El foco de la reforma debería estar en la rendición de cuentas y no en la adición de un número infinito de niveles de supervisión. Los bancos deberían ser responsables de los riesgos que asumen.
En particular, durante la administración Biden, los bancos estaban obligados a asignar capital adicional para mitigar el riesgo; sin embargo, se prevé que la administración Trump revierta esta postura.
Aún así, si las políticas de Trump estimulan la economía estadounidense y aumentan el número de clientes que solicitan préstamos, las acciones bancarias pueden experimentar una tendencia alcista.
Mike Mayo, analista bancario de Wells Fargo, afirmó que la victoria de Trump tiene el potencial de marcar el comienzo de una “nueva era” de regulación financiera más flexible tras un período de 15 años de supervisión más estricta a raíz de la crisis financiera de 2008 a 2009. .