Anchorage, un criptobanco autorizado a nivel federal y regulado por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), se encontró en el lado equivocado de su propio socio bancario.
En junio de 2023, el banco le dijo a Anchorage que estaba rompiendo vínculos porque la empresa estaba "en el negocio de las criptomonedas". Nathan McCauley, director ejecutivo de Anchorage, supuestamente compartió esto durante un testimonio ante el representante French Hill ayer, lo que inició otra ronda de debate sobre el tratamiento de las empresas de cifrado bajo la administración del dent Biden.
La desbancarización de Anchorage señala un problema mucho mayor dentro del sistema financiero estadounidense. Los líderes de la industria la han denominado “Operación Choke Point 2.0”, en referencia a una política de la era Obama que empujó a los bancos a cortar servicios a empresas en industrias política o socialmente controvertidas.
Si bien esa operación terminó en escándalos y demandas, el sector criptográfico dice que su manual ha regresado, con ellos como nuevos objetivos.
La Operación Choke Point comenzó en 2013 bajo la administración Obama, apuntando a industrias que los reguladores consideraban de alto riesgo. Entre las víctimas se encontraban prestamistas de día de pago, traficantes de armas de fuego y entretenimiento para adultos.
Al apoyarse en los bancos para evitar ciertos sectores, el gobierno bloqueó efectivamente el acceso de estas empresas a los servicios financieros, a pesar de su legalidad. Los críticos del programa lo calificaron de extralimitación regulatoria y acusaron a las agencias federales de convertir la infraestructura financiera en un arma.
La reacción fue rápida. El Congreso intervino, se acumularon las demandas y el programa se cerró oficialmente. O eso pensaban todos.
La Operación Choke Point 2.0, como la llaman los expertos, supuestamente presiona a los bancos a incluir en la lista negra las empresas de criptomonedas. El caso de Anchorage es sólo un ejemplo. A pesar de estar autorizado a nivel federal y estar bajo una estricta supervisión regulatoria, el banco aún enfrentó el rechazo de su propio socio bancario.
Marc Andreessen , el empresario e inversor tecnológico, llamó la atención sobre el tema el mes pasado cuando habló en el podcast de Joe Rogan. "¿Sabías que 30 fundadores de tecnología fueron desbancarizados en secreto?" dijo.
El director ejecutivo de Coinbase, Brian Armstrong, ha sido una de las voces más fuertes contra lo que él llama una agenda anti-cripto de Washington. “Antiamericano”, declaró al describir el trato que la administración Biden le dio a la industria.
Brian sostiene que el gobierno intentó deliberadamente aplastar la innovación aislando las empresas criptográficas de la infraestructura financiera.
Sam Kazemian, fundador de Frax Finance, también compartió queJPMorgan Chase supuestamente cerró sus cuentas vinculadas a criptomonedas sin previo aviso. Dijo que era parte de una directiva más amplia del liderazgo del banco para cortar los lazos con los clientes relacionados con las criptomonedas.
El fundador de Gab, Andrew Torba, tuvo una experiencia aún más dura. Varios bancos lo abandonaron y Torba afirmó que actuaron bajo amenazas regulatorias. Dijo que los bancos temían auditorías y sanciones si continuaban prestando servicios a las empresas de cifrado.
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